Especialistas en Administración Pública
Asesoramiento legal y gestión profesional contable, fiscal, laboral y jurídico para organismos públicos: el sector público tiene sus propias normas.
Un ayuntamiento, un organismo autónomo, un consorcio o una empresa pública no gestionan sus obligaciones contables, fiscales, laborales y jurídicas con los mismos criterios que una empresa mercantil.
Operan bajo un marco normativo específico: la Ley de Contratos del Sector Público, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Haciendas Locales, las obligaciones de transparencia y estabilidad presupuestaria y una estructura de gobierno que no existe en el sector privado.
Ese marco exige un equipo que lo conozca desde dentro. En Segú Assessors prestamos asesoramiento a entidades del sector público con el criterio técnico que su marco normativo específico requiere y con la experiencia de más de 30 años trabajando con organismos públicos en Cataluña.
Nuestros servicios para la Administración Pública
Asesoramiento fiscal y contable para organismos públicos
Las entidades del sector público tienen obligaciones fiscales propias: el tratamiento del IVA en la actividad pública, las tasas locales, la aplicación de deducciones específicas y la gestión fiscal de las sociedades mercantiles de capital público presentan particularidades que no existen en el sector privado.
Asesoramos a ayuntamientos, organismos autónomos, consorcios y empresas públicas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en la gestión contable adaptada al Plan General de Contabilidad Pública.
Gestión laboral y función pública
El personal al servicio de la Administración está sujeto al Estatuto Básico del Empleado Público, que convive con la normativa laboral ordinaria para el personal laboral y con estatutos de personal específicos según el tipo de entidad.
Asesoramos en la gestión de nóminas, la estructura de la plantilla, los procesos selectivos, los planes de igualdad, los protocolos de acoso y la gestión de las situaciones administrativas del personal funcionario e interino.
Contratación pública y licitaciones
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula todos los procedimientos de contratación de las entidades del sector público con una exhaustividad que no admite improvisación.
Asesoramos tanto a organismos públicos en la elaboración de sus pliegos y en la gestión de sus procedimientos de adjudicación, como a empresas privadas que quieren acceder a la contratación pública y necesitan criterio técnico para preparar sus ofertas con garantías.
Asesoramiento jurídico-administrativo
Los organismos públicos adoptan decisiones con efectos jurídicos que deben estar bien fundamentadas: resoluciones, actos administrativos, ordenanzas, convenios interadministrativos y responsabilidad patrimonial de la Administración son materias que requieren criterio jurídico específico.
Asesoramos a entidades del sector público en la revisión de sus actos, la redacción de sus instrumentos jurídicos y la gestión de los procedimientos que afectan a sus relaciones con ciudadanos, empresas y otras administraciones.
ECONOMÍA SOCIAL
Cuéntanos a qué tipo de organismo pertenece tu entidad y analizamos en qué áreas necesitas apoyo técnico
Nuestro equipo analizará tu situación con el criterio técnico específico que requiere el marco normativo del sector público
¿Qué ocurre cuando una entidad pública no cuenta con el asesoramiento especializado que necesita?
Las entidades del sector público tienen una exposición normativa que no siempre es visible hasta que genera un problema. Una contratación con pliegos mal redactados puede ser impugnada. Una gestión fiscal incorrecta del IVA puede derivar en liquidaciones que la entidad no tenía previstas.
Un proceso selectivo con irregularidades puede terminar en los tribunales. Y una gestión laboral que no distingue correctamente entre personal funcionario y personal laboral acumula contingencias que afloran en los momentos más inoportunos.
Organismo público con dudas sobre el tratamiento fiscal de su actividad
Analizamos la naturaleza de cada actividad, determinamos el régimen aplicable y establecemos los criterios de gestión fiscal correctosEntidad con personal funcionario e interino sin protocolo claro de gestiónOrdenamos la gestión del personal con los criterios del EBEP y establecemos los procedimientos que corresponden a cada situación administrativaAyuntamiento o consorcio que necesita redactar pliegos para una licitaciónElaboramos los pliegos técnicos y administrativos conforme a la Ley 9/2017 con los criterios de adjudicación que dan más solidez al procedimientoEmpresa privada que quiere licitar con la Administración por primera vezOfrecemos soporte en la preparación de la documentación de la oferta con los requisitos que exige cada procedimientoOrganismo público que ha recibido una reclamación o impugnaciónRevisamos el expediente, identificamos los argumentos de defensa y gestionamos la respuesta con el fundamento jurídico necesarioEntidad pública que necesita revisar sus actos administrativos o sus conveniosRevisamos la fundamentación jurídica de sus resoluciones y documentos institucionales para garantizar su solidez ante cualquier recursoOpiniones de organismos y empresas que ya trabajan con nosotros
Nuestros clientes del sector público destacan que disponer de un equipo externo con criterio propio y experiencia en materia administrativa, contable, fiscal y laboral en el sector público les permite gestionar con más seguridad jurídica los trámites de su organización.
Asesoría para la Administración Pública en Barcelona
El sector público catalán tiene una densidad institucional relevante: ayuntamientos, organismos autónomos, consorcios, empresas públicas y entidades vinculadas que necesitan asesoramiento técnico específico para operar con seguridad jurídica.
Si tu entidad necesita refuerzo en materia contable, fiscal, laboral, contractual o jurídico-administrativa, estamos para analizarlo contigo.
Contacta con nosotros.
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Preguntas frecuentes sobre asesoría para la Administración Pública
¿Qué tipos de entidades del sector público pueden beneficiarse de este asesoramiento?
Ayuntamientos, diputaciones, organismos autónomos, consorcios, fundaciones del sector público, empresas mercantiles de capital público y entidades vinculadas a la Administración. También empresas privadas que licitan con la Administración o que tienen una relación contractual continuada con organismos públicos y necesitan criterio técnico en la gestión de esa relación.
¿Las entidades públicas tienen obligaciones fiscales específicas distintas a las de las empresas privadas?
Sí. El tratamiento del IVA en la actividad pública presenta particularidades relevantes: algunas actividades están exentas, otras no, y la distinción entre actividad pública y actividad empresarial tiene implicaciones en la prorrata que hay que gestionar correctamente.
Además, las empresas públicas pueden estar sujetas al régimen general del Impuesto sobre Sociedades con matices específicos según su configuración jurídica y su relación con la Administración matriz.
¿Qué diferencia hay entre personal funcionario y personal laboral en una Administración?
El personal funcionario tiene una relación estatutaria con la Administración, regulada por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la normativa específica de cada Administración.
El personal laboral tiene una relación contractual sujeta al Estatuto de los Trabajadores, aunque con importantes particularidades derivadas de su condición de empleado público. La distinción tiene consecuencias en la forma de acceso, en el régimen disciplinario, en las situaciones administrativas y en la gestión de los derechos y obligaciones de cada colectivo.
¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para poder licitar con la Administración?
Los requisitos varían según el tipo de contrato y su importe, pero en general incluyen estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, disponer de solvencia económica y técnica acreditada y no estar incursa en prohibiciones de contratar.
Algunos contratos exigen clasificación empresarial específica. La correcta acreditación de estos requisitos desde el inicio del procedimiento es determinante para no ser excluido por defectos formales.
¿Puede una empresa privada reclamar si considera que ha sido excluida injustamente de una licitación?
Sí. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece mecanismos de recurso específicos: el recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Cataluña para contratos por encima de determinados umbrales, y el recurso ordinario ante el órgano de contratación para el resto.
Los plazos son cortos y la documentación del expediente es fundamental para construir la argumentación.